UNION CIVICA RADICAL DE LOMAS DE ZAMORA
COLOMBRES 448 TE: 4243-3738
24 de marzo de 1976.
Una vez más, la historia política argentina registraba un golpe militar. La ciudadanía observó con angustia y resignación el desenlace de una crisis sostenida…Pero no iba a ser un golpe más: el autoproclamado “proceso de reorganización nacional” se convertiría en la peor muestra de terrorismo de Estado que el país haya sufrido en su historia. Con la invariable excusa del combate a los grupos subversivos, el gobierno “de facto” tomó la decisión de disponer arbitrariamente sobre la suerte de las personas: secuestró, violó, torturó, amenazó, extorsionó, robó… El Estado, que debía proteger a los habitantes, acompañarlos y garantizarles el respeto por sus derechos, se convirtió en su peor enemigo: nadie quedó al margen de la amenaza y el riesgo. Ni siquiera las familias de los sospechados, ni sus hijos –cuidadosamente distribuidos para alejarlos de sus parientes-, ni sus propiedades. Todo en la Argentina quedó contaminado por la violencia y la irracionalidad.
Y si ese cuadro trágico no resultaba por sí suficiente para describir la tragedia argentina, la dictadura se ocupó también de añadir el incremento desmesurado e irresponsable de la deuda externa, la aventura de las Malvinas, el descrédito internacional…
Cuando casi nada quedaba ya por destruir y el ocaso era inminente para un régimen ilegítimo por naturaleza y corrupto por desempeño, la apertura de la actividad política ofreció el espacio que la ciudadanía necesitaba para rehacer sus proyectos y sus sueños.
1983 fue el año de la esperanza, pero también de la necesidad de exigir rendición de cuentas. La impunidad ante la destrucción era una opción obscena. Es aquí donde Raúl Alfonsín, en nombre de la UNION CÍVICA RADICAL, deja en claro su propuesta: la “autoamnistía” ideada por los militares era inadmisible y sus crímenes –gravísimas violaciones a los derechos humanos- debían ser juzgados en los primeros momentos de la democracia recuperada.
Y así sucedió ya que rompiendo con una vieja tradición de olvidos y amnistías, el Presidente Alfonsín envió al Congreso el proyecto para derogar - considerándola nula- la denominada ley de pacificación de la dictadura.
La búsqueda de la verdad y la justicia sobre lo acontecido en aquellos años fue un objetivo clave del gobierno constitucional. A pocos días de asumir sus funciones, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 187/83 creando la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por Ernesto Sábato, con la finalidad de investigar sobre la suerte corrida por personas desaparecidas. Su tarea sería luego complementada por la nueva Subsecretaría de Derechos Humanos, en el ámbito del Ministerio del Interior.
Pero también había que instrumentar lo anticipado por el Dr. Alfonsín en su campaña: los responsables por las violaciones a los derechos humanos debían ser juzgados por los tribunales de la República. Es así como el Decreto 158/83 sometió a juicio a los integrantes de las tres primeras juntas militares, con todas las garantías del Estado de derecho. Proceso que culminó con la sentencia dictada en diciembre de 1985 por la Cámara Federal posteriormente confirmada por la Corte Suprema.
Simultáneamente, el Decreto 157/83 dispuso el enjuiciamiento de jefes guerrilleros por delitos cometidos luego de la amnistía acordada en 1973.
El país recobraba –de la mano de Alfonsín- su dignidad republicana. Se insertaba nuevamente en el campo internacional, ratificaba tratados de derechos humanos…
A treinta y cinco años de aquel golpe, el Comité de la Unión Cívica Radical de Lomas de Zamora, expresa su firme compromiso con la democracia y con la vigencia plena de los derechos humanos, señalando también que éste es un momento propicio para renovar nuestras esperanzas y aunar esfuerzos para diseñar una Argentina más justa.
Lomas de Zamora, marzo de 2011.
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